Futuro incierto para leyes que buscan negar la ciudadanía

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PHOENIX – Un grupo de legisladores en por lo menos 15 estados quieren negarle la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados pese a haber nacido en territorio estadounidense.

Su estrategia es pasar proyectos de ley a nivel estatal sabiendo que serán sometidos a desafíos legales en las cortes federales, con la esperanza de que la Corte Suprema de Estados Unidos – que está integrada en su mayoría por una bancada de jueces conservadores- sea el arbitro final sobre el futuro de esa ley.

Pero varios académicos opinan que las posibilidades de que el tema sea aceptado y discutido ante el máximo tribunal de apelación del país son pocas.

“Pienso que otras cortes federales lo frenarán, y la Suprema Corte se va a rehusar a tener una audiencia al respecto porque esto es algo que ya decidió”, dijo James C. Ho, ex Subsecretario de Justicia de Texas y un experto en ley constitucional, quien también es socio en la firma de abogados Dunn & Crutcher en Dallas.

El debate

La interpretación de la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense se encuentra en el centro del debate sobre el derecho a la ciudadanía por haber nacido en el país.

La decimocuarta enmienda dice que: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en que residen”. La enmienda fue ratificada en 1868 y fue creada con la intención de asegurar que los hijos de esclavos negros que fueron liberados recibieran su ciudadanía.

Si los creadores de la enmienda tendrían en mente o no que esta incluya a los hijos de inmigrantes indocumentados es tema de discusión. El debate se concentra en la interpretación de la frase referente a personas “sujetas a su jurisdicción.”

Los oponentes de la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense argumentan que los inmigrantes indocumentados no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. Y por tanto como los hijos de los diplomáticos extranjeros, sus hijos no obtienen la ciudadanía estadounidense automáticamente.

Otros expertos en leyes como Ho están en desacuerdo con ese punto de vista y dicen que la Suprema Corte de Estados Unidos aclaró ese punto en 1898.

Una decisión de la corte ese año sobre el caso Estados Unidos versus Wong Kim Ark confirmó que un niño nacido en este país de padres extranjeros es ciudadano de acuerdo a la decimocuarta enmienda.

Las únicas personas que no están sujetas a esa enmienda son los hijos de diplomáticos y miembros de une ejército enemigo en territorio estadounidense.

Aunque reconoce que la inmigración indocumentada no fue un tema discutido en ese caso, Ho sostiene que la decisión se extiende a todos los inmigrantes sin importar su estatus legal, puesto que define el concepto de “sujetas a su jurisdicción”.

Otros académicos como Peter H Schuck, un profesor de leyes en Yale, dicen que no existe un precedente legal de una decisión de la Suprema Corte que aplique directamente al caso de los hijos de inmigrantes indocumentados.

En la decisión de 1898, dice Schuck no tenían “en mente a los niños de extranjeros indocumentados porque no existían restricciones categóricas sobre la inmigración en ese momento”.

Schuck sostiene que la frase “sujetas a su jurisdicción” de la decimocuarta enmienda, excluye a los inmigrantes indocumentados porque se encuentran en territorio estadounidense sin el consentimiento del gobierno de ese país.

Sin embargo, el experto no cree que el caso llegue hasta la Suprema Corte de Estados Unidos.

La estrategia de los estados de negarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados es considerada costosa e impractica por parte de abogados expertos en la Constitución e inmigración.

“No creo que ninguna ley estatal que otorgue o niegue la ciudadanía sea constitucional. Ninguna ley estatal puede hacer eso”, dijo Shuck.

Schuck no está de acuerdo completamente con cambiar la ciudadanía en base a haber nacido en territorio estadounidense, pero si considera que la nación debe llegar a un compromiso sobre el futuro de los hijos de inmigrantes indocumentados de modo que puedan obtener su nacionalidad si comprueban que tienen lazos con el país. Para leer más sobre las ideas de Schuck visite este sitio:
http://www.nytimes.com/2010/08/14/opinion/14schuck.html

Hay otras dos posturas sobre cómo puede cambiarse las leyes que rigen quiénes pueden ser considerados ciudadanos.

Schuck piensa que el Congreso puede pasar un proyecto de ley; Ho cree que sólo una enmienda de la Constitución puede cambiar el estatus quo.

“En mi opinión el Congreso no puede pasar ese tipo de ley,” dijo Ho. “Si el Congreso lo hace sería anticonstitucional.” Si un estado lo intenta, diho, sería anticonstitucional por esa misma razón y una adicional: “Sería anticonstitucional porque viola la decimocuarta enmienda y la segunda razón: los estados no tienen que entrometerse en determinar quién es ciudadano y quién no. No podemos tener 15 estados diferentes determinando quién es y quién no es ciudadano”.

La lucha sigue

El Congreso podría discutir el tema el próximo año. El representante republicano Steve King, de Iowa, el presidente de la subcomisión que supervisa la inmigración, planea introducir un proyecto de ley que negaría la ciudadanía por nacimiento a la hijos de inmigrantes indocumentados.

De acuerdo a un reporte del Pew Hispaic Center que salió el año pasado, cerca de 340,000 de los 4.3 millones de bebés nacidos en Estados Unidos durante el 2008 son los hijos de inmigrantes indocumentados. Se espera que cualquier proyecto de ley que se apruebe no sea retroactivo.

El abogado Kris Kobach, de Kansas, quien ayudó al senador republicano Russell Pearce con la redacción del texto de la ley SB 1070 en Arizona, está trabajando con este político para diseñar un proyecto de ley como modelo a seguir por los distintos estados.

Kobach no respondió varias llamadas para una entrevista.

Este proyecto de ley no es el primero que podría presentarse en Arizona. En el 2008, la senadora republicana Karen Johnson propuso una iniciativa de ley para cambiar la forma en la que el estado expedía actas de nacimiento.

El proyecto que fue auspiciado también por Pearce- entonces un representante en la Cámara Baja- proponía incluir una cláusula en el acta de de nacimiento indicando que se trata del hijo de inmigrantes indocumentados que no son elegibles para beneficios públicos que requieren ser ciudadano de Estados Unidos.

La propuesta tenía como fin llegar a la boleta electoral pero no fue discutida por ningún comité de la Legislatura.

Quienes proponen el negarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos dicen que esto ha servido para que los padres tengan “bebés anclas” que les permitan en el futuro convertirse en ciudadanos y acceder a beneficios sociales y de salud.

Pero quienes se oponen a cambiar el status quo –más allá de las cuestiones constitucionales- dicen que simplemente sería una política pública equivocada y sólo aumentaría el número de personas sin documentos que residen en el país.

“Esos niños no pueden peticionar a sus padres para que sean ciudadanos hasta los 21 años de edad, y en la mayoría de los casos ya hay prohibiciones que impiden que los padres obtengan una visa para Estados Unidos por 10 años”, dijo Michelle Waslin, analista de políticas para el Centro de Políticas de Inmigración (IPS por sus siglas en inglés) una organización sin fines de lucro con sede en Washington D.C que aboga por los derechos de los inmigrantes.

“Estamos hablando de un plan de 31 años. No parece un muy buen plan para legalizarse en los Estados Unidos. Y no los protege de la deportación”, agregó.

Waslin argumenta que un cambio de esa magnitud en las leyes afectaría a todos los ciudadanos creando una complicada burocracia.

“Mi acta de nacimiento ya no sería prueba de mi ciudadanía estadounidense. ¿Cómo es que cada quien va a comprobar su ciudadanía?” cuestionó.

Mientras que un desafío legal contra una ley para rechazar la ciudadanía de los hijos de inmigrantes indocumentados puede tardarse años en llegar a la Corte Suprema, el tribunal de apelación de última instancia, ha iniciado audiencias sobre políticas migratorias estatales como es el caso de la ley de sanciones a empleadores de Arizona.

Algunos observadores políticos esperan que el actual litigio contra la SB 1070 llegue hasta la Corte Suprema.

“Sólo un estado ha aprobado la SB 1070 y se trata de Arizona”, dijo Vik Malhotra, consejero legal para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).

“Realmente pensamos que una vez que pase la tormenta, el enfoque de los estados sea poner sus asuntos financieros en orden, y no va a haber mucho espacio para este tipo de leyes, que realmente le están costando dinero a los estados”, concluyó.
 

Comments

 
Anonymous

Posted Jan 2 2011

Diariamente se discute sobre personas ilegales que estan en este pais, pero no ven la importancias de esas personas ya que los americanos solo sirven para dar ordenes,trabajar sentados y que les den todo a la mano.

Anonymous

Posted Jan 13 2011

si no nos pueden dar la ciudadania por lo menos detener las deportaciones, pero basicamente si los inmigrantes pagaran sus impuestos tendria mas dinero el pais, hecho que los ilegales trabajan mas duro y de sol a sol que un americano, ellos simplemente quieren tener todo sin que les cueste tanto por eso se quejan mucho de los ilegales de que les roban sus trabajos y todos los politicos no centran su mente en eso.

Anonymous

Posted Apr 8 2011

en texas la mayor parte de las personas trbajando para los americanos son de otros paises, como que si kieren su trbajao pero no sus raices, eso es como el exclavismo, no hay ni por lo minimo los mismo derechos.

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