Impacto negativo de SB 1070 bloquea futuro de leyes anti-inmigrantes en Arizona

Impacto negativo de SB 1070 bloquea futuro de leyes anti-inmigrantes en Arizona

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PHOENIX -- El impacto económico negativo de una de las leyes anti-inmigrantes en Arizona más duras de todo el país fue crucial en el fracaso de cinco nuevas leyes contra la inmigración ilegal en el estado.

Además representó un giro de 180 grados para la legislatura estatal controlada por los republicanos. Durante los últimos ocho años, los republicanos en Arizona han dado su apoyo a una avalancha de leyes para controlar la inmigración ilegal.

Pero el pasado jueves, por lo menos 10 de los 21 republicanos en el Senado estatal estuvieron del lado de los opositores a estas leyes en el sector empresarial votando en contra de las propuestas.

La votación fue también una victoria para los grupos de derechos civiles en Arizona que lanzaron un boicot nacional contra el estado poco después de la aprobación de la ley SB 1070, una ley que convertía en un delito estatal ser un inmigrante indocumentado.

El senador republicano detrás de estas leyes, Russell Pearce enfrenta una campaña para su posible destitución desde que impulsó la ley SB 1070. Pearce no estuvo disponible para una entrevista, pero prometió continuar presionando por esta legislación y de ser necesario, presentarla ante los votantes como un referéndum.

Algunas de las propuestas buscaban provocar un desafío en la Corte Suprema de los Estados Unidos para que este tribunal reinterprete la Décimo Cuarta enmienda de la Constitución que hoy otorga ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. Una de las medidas requería que los hospitales reportaran a los pacientes indocumentados con la policía local; otra instruía a las escuelas para que hicieran lo mismo con estudiantes que no podían comprobar su residencia legal en el estado.

La mayoría de los republicanos que votaron contra estas propuestas le dieron su apoyo a la ley SB 1070. Pero el impacto negativo de la ley, en parte ocasionado por un boicot comercial, hizo que cambiarán su postura.

“Les pegó en la billetera y ahora ven el daño que esto le ha causado a la economía de Arizona,” dijo Roberto Reveles, ex presidente de Somos America una coalición pro-inmigrante que encabeza los esfuerzos del boicot con un comité en el que Reveles participa.

Las propuestas podrían resurgir todavía durante esta sesión legislativa de ser presentadas en el pleno de la Cámara de Representantes.

Pero el tono del debate este año fue muy diferente de lo que fue con la SB 1070 en el 2010.

El sector empresarial guardó silencio en ese entonces. Y la Cámara de Comercio de Arizona, que jugó un papel clave en el fracaso de las leyes la semana pasada, se mantuvo neutral sobre la ley SB 1070.

Esta vez, 60 negocios escribieron una carta al senador Pearce, expresando su preocupación sobre el impacto económico y el daño causado a la imagen del estado, por las leyes anti-inmigrantes.

La carta decía: “El año pasado, se convocaron boicots contra la comunidad negociante del estado, afectando negativamente nuestra economía que ya estaba en problemas y causando la pérdida de empleos. Negocios con su sede en Arizona perdieron contratos o fueron rechazados a la hora de presentarlos. Las ventas afuera del estado se redujeron…Es un hecho irrefutable que todas nuestras compañías y nuestros empleados se vieron impactados por los boicots y la imagen negativa que coincidió con ellos”.

Entre quienes firmaron la carta se encontraban ejecutivos de Wells Fargo Bank, PetSmart Inc, U.S. Airways y Hensley Beverage Company, un distribuidor de la cerveza Budweiser. Este último pertenece en parte a Cindy McCain, la esposa del senador republicano de Arizona, John McCain, y fue objeto de un boicot en reacción a la actitud cambiante y dura que el senador adoptó contra la inmigración ilegal.

Poco después de que el boicot fuera anunciado el pasado abril, el número de reservaciones para convenciones en el estado bajo; las organizaciones explicaban que la razón fue en protesta por la ley SB 1070.

La gobernadora republicana Jan Brewer quien firmó la ley, tuvo que invertir $250,000 en fondos para la industria del turismo para restaurar la imagen del estado.

Glenn Hamer, presidente de la Cámara de Comercio de Arizona dijo que dependiendo de que estudio se cite el estado perdió entre $15 millones a $150 millones de dólares.

“Al final del día, fue una decisión muy sobria. Vamos a estar del lado de los empleos, o de leyes de inmigración que no hacen nada para asegurar la frontera y que van a enfrentar desafíos legales serios en las cortes,” afirmó Hamer.

Nan Stockholm Walden y Dick Walden, los dueños de Green Valley Pecan Company- una de las productoras de nueces más grandes del mundo con sede en Sahuarita, Arizona- hablaron fuerte en contra de la ley SB 1070 y otras leyes anti-inmigrantes desde un principio. Ambos aseguraron que la imagen de su negocio se vio impactado por estas leyes restrictivas.

“Definitivamente, nos daña. Daña la imagen de America” dijo Stockholm Walden quien es la asesora legal de la compañía que tiene intercambio comercial con más de 100 países en todo el mundo.

Stockholm dijo que se siente optimista al ver que finalmente la comunidad empresarial en Arizona está levantándose en contra de las leyes anti-inmigrantes en Arizona.

“Creo que se ha generado muchísimo miedo por parte de un liderazgo vengativo en nuestro estado que ha prometido castigar a la gente, ya sea legisladores o negocios que hablen en contra”, dijo. “No podemos quedarnos callados, conceder y dejar que una minoría extrema dicte el camino a seguir para nuestra nación y país. Estamos convencidos de que no representan a la mayoría de los estadounidenses”, concluyó.

Varios republicanos se alejaron de los lineamientos partidistas desde temprano en la sesión legislativa para oponerse a la legislación que se discutió la semana pasada.

El senador republicano Rich Crandall, quien apoyó la SB 1070, argumentó en contra de las cinco propuestas ejemplificando que dañarían aún más a la industria del turismo. El senador republicano Adam Driggs, que es abogado, argumentó sobre la constitucionalidad de la mayoría de las medidas, diciendo que no sobrevivirían un desafío legal costoso en las cortes federales.

“Estas leyes de inmigración son una distracción”, dijo el senador republicano John McComish. “Pueden ser un detrimento para el crecimiento de nuestra economía, y esto no es en lo que la gente quiere que nos enfoquemos. Es hora de tomarnos un descanso en el tema de inmigración”.

El senador demócrata Steve Gallardo dijo que los republicanos están comenzando a darse cuenta de las consecuencias de seguir al senador Pearce. Gallardo se mostró positivo de que esto puede ser el comienzo de mayor cooperación a nivel bipartidista, pero no desestimó la influencia del presidente del Senado.

“¿Queremos volver a repetir lo que pasó con la SB 1070? ¿Queremos otro boicot contra Arizona cuando estamos tratando lo más que podemos de generar más empleos y reconstruir la economía? Al final del día, los republicanos dijeron: ‘no’”, dijo Gallardo.

Pero el impacto de la ley SB 1070 no sólo ocasionó un cambió político para los negociantes y legisladores republicanos en Arizona. También reforzó el éxito de una nueva dirección para el movimiento pro-inmigrante y los organizadores latinos en el estado, quienes enfocaron su estrategia en la billetera.

La organización de grupos pro-inmigrantes en Arizona “ha crecido en su sofisticación”, dijo Reveles. “Ha madurado y potenciado su respuesta para equiparar el nivel de legislación de odio que ha sido impulsada en nuestra legislatura”.

Raquel Terán, una organizadora del grupo de base Promesa Arizona que protestó contra las leyes antiinmigrantes en el Capitolio Estatal dijo que la defensa y organización en pro de los derechos de los inmigrantes ha evolucionado desde que pasó la SB 1070.

“La gente está siendo más participe del proceso de decisión, compartiendo sus historias con los legisladores, haciendo llamadas, creando lazos tanto con los republicanos como los demócratas”, aseguró Terán.

Daniel Ortega, un abogado de derechos civiles y activista pro-inmigrante local, advirtió que no hubo un solo factor que causó la victoria contra estas leyes. El cambió que se ha suscitado en Arizona, dijo, es mucho más amplio que una sola organización o comunidad.

“El cambio viene del hecho que no queremos comunidades divididas. Queremos trabajar juntos y no queremos una mala imagen para el estado de Arizona,” dijo Ortega.