Obama y la libertad de prensa

 Obama y la libertad de prensa

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SAN DIEGO, Calif.- Hermetismo, dificultades para conseguir acceso a fuentes oficiales, problemas legales y financieros provocados por la expansión de los medios sociales, y la seguridad de los corresponsales que laboran en el Medio Oriente figuran como temas principales en el reporte de medio año presentado el pasado jueves durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en esta ciudad.

En un país que presume de ser el más libre del mundo, donde la Segunda Enmienda es citada con frecuencia por funcionarios gubernamentales, el derecho a la libertad de expresión parece que sigue siendo un ideal que no logra establecerse por completo.

Por supuesto, comparado con los países al sur del continente, esto es Latino América, los problemas mencionados al principio no tienen comparación con los que enfrentan los periodistas de otros países. No hay registro de periodistas que hayan sido despedidos por ejercer su trabajo; no hay periódicos, estaciones de televisión o de radio que hayan sido clausurados por el gobierno y tampoco se han reportado amenazas contra periodistas que laboran en el país.

“El hecho de que un juez federal autorizó la búsqueda de información de todas aquellas personas que tuvieron acceso a los reportes de WikiLeaks es preocupante”, declaró durante el informe Claudio Paolillo, editor en jefe del semanario uruguayo Búsqueda, quien además funge como director regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Al igual que él, muchos de sus colegas presentes consideraron que el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos obligara al portal Amazon.com que clausurara el sitio de WikiLeaks, representa un atentado relevante en contra de la libertad de prensa.

Como ya se ha reportado, el cierre al acceso del sitio de Wikileaks ocurrió después de que funcionarios del gobierno de los Estados Unidos calificaron la difusión de dichos documentos como un acto inapropiado, debido a que su contenido resultaba comprometedor y en algunos casos “vergonzoso”, para muchos funcionarios estadounidenses.

Además, algo que también preocupa al gremio de periodistas de la SIP, es que la decisión del gobierno federal incluyó una orden del Departamento de Justicia a la compañía Twitter, para que entregara información considerada relevante sobre los usuarios sospechosos de tener relaciones con WikiLeaks, con el fin de iniciar una investigación criminal “amplia”.

La orden judicial fue emitida en contra del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el soldado Bradley Manning, Rop Gonggrijp - un belga que solía colaborar con dicho sitio; Jacob Appelbaum, programador de computación, y Birgitta Jonsdottir, miembra del parlamento de Islandia y colaboradora voluntaria de WikiLeaks, además de aquellos que pudieran haber tenido alguna relación con los investigados.

“¿Esto quiere decir que cada periódico y periodista que haya publicado o trabajado en esta historia está sujeto a ser investigado por supuestos actos criminales? ¿Acaso el Departamento de Justicia va a investigar al New York Times, a El País, y a cualquier medio de información que haya difundido estos documentos?”, preguntó Paolillo.

Robert Rivard, editor y vicepresidente ejecutivo del periódico San Antonio Express, informó que hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha dicho si optará por dichas medidas, sin embargo, para muchos miembros de la SIP, la orden del Juez federal constituye una seria amenaza que atenta contra la libertad de prensa.

“Hasta ahora nadie ha reconocido a Julian Assange como un periodista y más bien se le considera una fuente de información”, dijo Rivard durante la presentación del informe. Aun así, muchos de los
periodistas que asistieron a la presentación del informe consideran que la orden del juez de incluir en la investigación conversaciones de Twitter de los involucrados, direcciones de correos electrónicos, residencias, cuentas de banco y detalles de transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito, podrían tener un serio impacto en el principio constitucional que protege a la libertad de prensa.

Y la lista se extiende

El reporte de la SIP establece que el gobierno de Estados Unidos podría estar aplicando un doble estándar – además de una especie de censura - ya que por su cuenta abortó una investigación contra agentes del gobierno involucrados en la destrucción de 92 videos tomados en prisiones secretas de la CIA, pese a que la misma agencia federal de inteligencia aceptó el hecho.

“El negar acceso a las fotos y documentos sobre los abusos cometidos por militares de Estados Unidos, el gobierno de Obama revirtió su promesa de crear un gobierno dispuesto a proveer información sobre sus actos”, establece el reporte de la SIP.

Una encuesta realizada por la agencia de noticias Prensa Asociada, sobre la transparencia del gobierno federal sobre sus actividades, reveló que con frecuencia dicha promesa resulta incumplida debido a “viejas costumbres de secretismo” enquistadas entre los funcionarios del
gobierno. Pese a que dicha encuesta encontró que hay avances en lo que respecta al acceso a la información en varios estados del país, la mayoría de estas mejoras están mas bien relacionadas con información de poca trascendencia que difunden a través de las páginas de Internet. En términos generales, la información que podría resultar comprometedora sigue estando encubierta.

Una encuesta realizada por la fundación Knight -- que busca una mayor apertura del gobierno en lo que respecta a diseminar información sobre sus funciones -- encontró que 49 de las 90 dependencias gubernamentales que conforman al gobierno federal, cumplen con los requisitos del Acta de Derecho a la Información. Muchos periodistas creen que la información más valiosa del gobierno solo se puede conseguir de manera extraoficial, por las fugas.

Un mundo nos vigila

Pero mientras que muchos medios informativos de este país se quejan por los intentos del gobierno para ocultar, o en el mejor de los casos, posponer la diseminación de información de relevancia, el mismo gobierno no cede en sus intentos por tener cada vez más información personal de la población civil, especialmente de aquellos residentes en este país que sean de origen extranjero.

Apenas el mes pasado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), consiguió revertir un fallo judicial presentado por una coalición de abogados, activistas defensores de derechos humanos, sindicalistas y medios informativos, para impedir que el gobierno continuara colectando información de llamadas y correos electrónicos internacionales.

También existen reportes de periodistas estadounidenses y corresponsales extranjeros arrestados en este país durante el cumplimiento de sus funciones, que numerosos miembros de la SIP consideran un ataque a la libertad de prensa.

Cierto, en lo que respecta a los periodistas estadounidenses los que más peligros enfrentan son aquellos asignados a cubrir eventos en el extranjero, especialmente en países como Libia o Egipto. Desde que inicio el conflicto en Libia, el Comité de Protección de Periodista de la SIP ha registrado más de 50 ataques en contra de sus miembros, incluyendo dos muertos, más de 33 arrestos, cinco ataques personales, dos ataques a instalaciones, varias confiscaciones de equipo, tres casos de obstrucción, bloqueo de transmisiones satelitales, e interrupciones del servicio de Internet.

No obstante, en este aspecto, los periodistas estadounidenses enviados al extranjero conocen de antemano los peligros que pueden enfrentar y los toman como un hecho que eventualmente tendrán que sortear. Por los mismo, lo que más preocupa a los periodistas de este país es el hecho de que en la tierra que dio a luz el principio a la Segunda Enmienda, que defiende la libertad de expresión y la libertad de información, enfrente problemas cada vez con más frecuencia.

“Podríamos pensar que en este país el derecho a la información y a la libertad de prensa son principios que se respetan, pero no estamos tan cerca de lograrlo como con frecuencia pretendemos”, declaró Rivard, quien también es presidente del Comité de Prensa de la SIP.