SB 1070 puede continuar “estancada” en litigios

SB 1070 puede continuar “estancada” en litigios

Story tools

A A AResize

Print

 

English Translation

PHOENIX -- La futura implementación de la SB 1070, una de las leyes más duras contra la inmigración ilegal en la nación, podría continuar “estancada” en litigios legales por años, según varios observadores legales.

Este martes la gobernadora Jan Brewer, anunció que le pedirá a la Corte Suprema de los Estados Unidos que cancelé un suspensión preliminar de partes de la ley.

A diferencia de otras cortes, el máximo tribunal de la nación puede rechazar la apelación de Arizona sin siquiera considerar el caso por un sin número de razones legales.

“Es muy poco probable que la Corte Suprema acepte el caso en este punto”, opinó Thomas A. Saenz, presidente del Fondo México-Americano para la Defensa y la Educación (MALDEF por sus siglas en inglés). MALDEF es una de las organizaciones involucradas en una demanda contra la ley.

Saenz explicó que los nueve magistrados generalmente consideran casos que ya han sido litigados en otras cortes sobre la constitucionalidad de una ley, y no sobre el bloqueo parcial de ciertos aspectos de una legislación. Agregó que también se fijan en situaciones en que diferentes cortes han emitido opiniones contradictorias sobre un mismo asunto.

Y ese no es el caso con la ley SB 1070.

El 23 de abril del año pasado Brewer promulgó la ley. El Departamento de Justicia (DOJ) interpuso una demanda sobre la misma argumentando que estaba en conflicto con las leyes federales. En respuesta, un día antes de que entrará en efecto una jueza federal bloqueo partes de la SB 1070 que convertían en un delito ser un inmigrante indocumentado en Arizona.

Los oponentes de la SB 1070 han argumentado que la medida iba a dar lugar al uso de perfiles raciales por parte de la policía. Pero sus defensores, entre estos el “arquitecto” de la ley, el senador republicano Rusell Pearce han argumentado que serviría para proteger las fronteras y ahuyentar a los inmigrantes sin documentos del estado.

Debido a que la ley generó una ola de propuestas similares en otros estados como Florida y Georgia, el procurador general de Arizona, Tom Horne aseguró que los magistrados podrían aceptar la apelación por considerarla de importancia nacional.

“Creo que todo el país va a estar interesado en lo que decidan, y por eso van a aceptar el caso”, dijo Horne, quien también apoya los esfuerzos legales para defender la ley en las cortes.

La apelación que tiene que ser sometida antes del 11 de julio fue en respuesta casi inmediata a una decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito el mes pasado. Dos de tres jueces en un panel rechazaron una apelación para revertir la decisión de la jueza federal Susan Bolton, quien bloqueó cuatro partes de la ley.

Brewer tenía dos opciones legales. Podía volver a someter una apelación llamada “en banc” con la totalidad de los jueces del Noveno Distrito o ir directamente a la Corte Suprema. Horne dijo que esta última opción era la más rápida.

Pero aún si los magistrados deciden considerar el caso el plazo de una decisión puede postergarse hasta el año entrante.

La Corte Suprema ya terminó de escuchar argumentos orales en este calendario laboral y comenzará nuevamente hasta el mes de octubre.

Varios abogados están en desacuerdo sobre sí Brewer optó por la mejor estrategia a seguir en este caso.

Saenz opinó que la corte puede rechazar la apelación porque el estado se salteó el paso de hacer una revisión “en banc”.

Otros como el abogado en derechos civiles Daniel Ortega, argumentan que Brewer sabía que iba a perder nuevamente si volvía a apelar con el Noveno Distrito y no le quedaba otra opción para evitar más decisiones adversas.

“No creo que tenga oportunidad de ganar en ninguna parte, la verdad es que esta ley es inconstitucional sin duda”, agregó.

Una decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre otra ley en Arizona que puede darse a conocer de un momento a otro podría ofrecer una perspectiva sobre la postura legal de los magistrados sobre asuntos de inmigración, dijo Paul Bender, experto en la Constitución y profesor de leyes en la Universidad Estatal de Arizona (ASU).

Se trata de un tema sobre el que no se han pronunciado hasta el momento, agregó Bender, sobre lo que concierte a leyes estatales contra la inmigración ilegal.

Los magistrados se encuentran evaluando un caso sobre la ley de sanciones a empleadores de Arizona. La medida que se aprobó en el 2007 –y se encuentra en efecto- permite suspender o revocar la licencia de los negocios que a sabiendas contraten inmigrantes indocumentados.

Los opositores a esta ley, que incluyen al Departamento de Justicia dicen que incide en un área que le compete regular al gobierno federal y no a los estados. Pero sus defensores dicen que hay ciertas porciones de la ley federal que permiten a los estados controlar la expedición de permisos o licencias a empresas.

Muzaffar Chishti, un abogado que sigue de cerca las leyes estatales de inmigración para el Instituto de Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en inglés) dijo que los argumentos en contra de la SB 1070 son más sólidos que con la ley de sanciones a empleadores.

Chishti explicó que el argumento central contra esta ley es no sólo que intenta regular un área que es jurisdicción federal sino que también entra en conflicto con las prioridades migratorias del gobierno.

La jueza Bolton estuvo de acuerdo con eso en su decisión el pasado julio diciendo que Estados Unidos sufriría un “daño irreparable” si la ley entraba en efecto interfiriendo con las políticas federales. La reciente decisión de la Corte del Noveno Distrito de Apelaciones reafirmó la opinión de Bolton.
En ese caso el juez Richard Paez escribió: “Al imponer obligaciones mandatarias sobre los oficiales estatales y locales, Arizona interfiere con la autoridad del gobierno federal de implementar prioridades y estrategias en el cumplimiento de la ley, convirtiendo a los oficiales en Arizona en agentes de DHS dirigidos por el estado”.

Varios abogados como Chrishti concluyeron que esta situación de los estados pasando sus propias leyes de inmigración es un territorio que la Corte Suprema no ha pisado y es difícil predecir por eso como responderá.

“Hay una posibilidad de que acepten el caso, pero es mucho menos probable que apoyen (la implementación) de la ley”, dijo.

La gobernadora Brewer dijo durante una conferencia de prensa el martes que continuará utilizando $4 millones de dólares en fondos privados de donaciones para encabezar la defensa legal de la SB 1070. Pero algunos críticos como Luis Avila, presidente de la coalición pro-inmigrante Somos America, aseguran que al final del día eso no representa un ahorro para los contribuyentes de Arizona.

Un boicot nacional contra el estado ha costado cerca de $100 millones en pérdidas de ingresos por conferencias y convenciones que fueron canceladas.

“Seguir presionando con esta ideología anti-inmigrante, no sólo impacta la imagen de Arizona, sino también el déficit fiscal del estado”, concluyó.