Abuso sexual: Penn State v. los centros de detención de inmigrantes

Abuso sexual: Penn State v. los centros de detención de inmigrantes

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Los eventos escandalosos que irrumpieron en la universidad estatal, Pennsylvania State University, la semana pasada son un crudo recordatorio de la cochinada que surge cuando se revela un escándalo de abuso sexual. Con frecuencia no son las víctimas quienes levantan la voz – tal vez por un sentimiento de vergüenza, o por miedo, o por el mero hecho que nadie les tomará en serio.
Los autores del delito ocultan su comportamiento. Al ser descubiertos, lo niegan, lo minimizan y con frecuencia le echan la culpa a su víctima.

Si hay una institución de por medio, como por ejemplo la iglesia católica, los Boy Scouts, la fuerza militar o hasta una universidad, que vincula al abusador con el abusado, surgen muchas formas de desvío: el silencio, el enfoque reducido, el encubrimiento, las mentiras, la insinceridad, la mala memoria, el acusar al abusado, la negación factible, y así por el estilo.

Por lo menos se revelaron los detalles sórdidos del caso de Penn State y por último la institución se movilizó y tomó acción.

¿Qué ocurre cuando se descubre el abuso sexual y se identifica a los que lo facilitaron dentro de la institución y apenas sale a relucir o nadie le da importancia – mucho menos que haga algo para contrarrestarlo?

Unas tres semanas antes que estallara el escándalo en Penn State, dos fuentes informaron de la preponderancia de abuso sexual que sufren los indocumentados, la mayoría de quienes son hispanos, encerrados en centros de detención en los Estados Unidos. Un informe de la asociación pro defensa de los libertades civiles, ACLU por sus siglas en inglés, contó unas 200 quejas formales de abuso sexual entre el 2007 y el 2010 presentadas por inmigrantes encerrados en estos centros de detención.

Al mismo tiempo, el canal público de televisión, PBS, emitió el programa de Frontline, “Lost in Detention”, un documental que narra el sufrimiento de unos 350 mil inmigrantes detenidos cada año. Las cámaras se dirigieron al centro de detención de administración privada, Willacy Detention Center, en Raymondville, Texas.

Una mujer resultó detenida por haber escrito un cheque de $230 sin fondos hacía una década. Durante su entrevista, la señora recontó con lujo de detalles el manoseo y hostigamiento sexual que tuvo que soportar de un guardia. En vez de someterse a más degradación, pidió que la deportaran, dejando atrás a sus cuatro pequeños hijos, quienes son ciudadanos de los Estados Unidos.

Al realizar una encuesta en Willacy, una coordinadora de servicios de salud mental oyó de un detenido seropositivo quien afirmó haber sido violado repetidas veces por otro detenido. El guardia simplemente apartó la vista. Una mujer que no habla inglés le contó en términos desgarradores de un guardia quien le “tocaba partes del cuerpo que ella no quería que le toque”.

La ACLU reportó las quejas de abuso sexual levantadas por dos mujeres hispanas detenidas en el centro T. Don Hutto, de administración privada, en Taylor, Texas.

Una, quien había huido de un país centroamericano por temor a la persecución política, fue detenida al querer internarse en los Estados Unidos. Un funcionario de inmigración resolvió que la mujer calificaba para solicitar el asilo político. Camino al aeropuerto, el conductor del carro, un guardia del centro de detención T. Don Hutto, “comenzó a tocarme por todas partes. Me alzó el sostén, me tocó los senos y me puso la mano en el pantalón. Él se tocaba a sí mismo”.

La otra es una mujer quien salió de Sudamérica para escaparse de un esposo en extremo abusivo. La detuvieron cruzando el Río Grande. De nuevo, un funcionario de inmigración resolvió que ella podía solicitar el asilo. Camino al aeropuerto, el mismo conductor “me alzó la camisa y comenzó a tocarme los senos y a agarrarme entre las piernas”.

El abuso sexual en los centros de detención de hecho está más generalizado que lo que reporta la ACLU. Los detenidos viven aislados y son muy vulnerables. Se entiende el que sean reacios a entregar a los que les resguardan, y a diferencia de la situación en la Penn State donde eventualmente intervinieron las autoridades policíacas para dejar muy abierto el caso, los detenidos no cuentan con muchos intermediarios que velen por ellos.

Así como con el caso de Penn State, las autoridades federales algo sabían de las acusaciones de abuso sexual en los centros de detención. De hecho, la ACLU consiguió su información del Departamento de Seguridad Nacional después de extraérsela con una petición en virtud de la libertad de información.

Una vez hechas públicas las acusaciones en Penn State, se dieron en el cielo los alaridos de indignación. No fue así con lo hallado en cuanto a los detenidos inmigrantes. Quedaron en un silencio espeluznante los medios de televisión y prensa generales.

Funcionarios claves de la presidencia fueron menos que abiertos. Cuando Frontline le preguntó a Cecilia Muñoz, directora de Asuntos Intergubernamentales en la Casa Blanca, sobre los informes sobre el abuso sexual, cambió la dirección de la pregunta para hablar de intentos recientes del Departamento de Seguridad Nacional por mejorar las condiciones en los centros de detención y la necesidad de “arreglar un sistema malogrado”.

El presidente Obama, al hablar del caso de Penn State mediante su secretario de prensa, dijo, “Si las acusaciones de lo que ocurrió resultan ser verídicas, lo que ocurrió es un ultraje”. No ha dicho nada sobre las denuncias de abuso sexual en los centros de detención estadounidenses, que son la responsabilidad de su gobierno.

Jim Lamare es editor con Hispanic Link News Service en Washington, D.C. Comuníquese con él a jwlamare@gmail.com.